
Con la oferta de alquileres permanentes se produce lo contrario a lo que pasa con la venta de propiedades: poca oferta… lo que hace que aumente el precio.
A partir de la ley 27551 el Estado se metió con los contratos privados de los alquileres de viviendas tratando de ser árbitro regulador, pero lo único que logró fue generar una retracción en la oferta de alquileres y un aumento en los valores de los mismos.
Si bien la vivienda es un derecho que tienen los ciudadanos como lo expone la misma Constitución, no menos importante y también definido en la misma es el derecho a la propiedad privada.
Los propietarios se ven obligados a actualizar los alquileres mediante un coeficiente definido por el Estado y solo una vez al año. Cosa muy dudosa eso de que el Estado defina algo, debido a las malas experiencias y manipulaciones a la que estamos acostumbrados a soportar por parte de la Administración y a las malas decisiones económicas de los gobiernos de turno.
Esto provoca que el locador, para evitar perder debido a la devaluación y otras incertidumbres propias de la economía y de la política argentina, se quiera “cubrir” aumentando un poco más el valor del alquiler.
Por otro lado están aquellos propietarios que, con todo derecho de disponer de lo que es suyo, prefieren no alquilar y poner su propiedad a la venta debido a que no soportan la intromisión del Estado, dado que eso redundará, tarde o temprano, en más controles e impuestos a pagar para todas las partes intervinientes.